La entrada en vigencia de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (21.770), conocida como “ley de permisología”, ha generado alerta en organizaciones ambientales y comunidades afectadas en Chile. Según expertos y activistas como Alejandra Parra Muñoz, la norma podría permitir que proyectos de inversión se ejecuten mediante declaraciones juradas, o avisos reduciendo los controles previos.

La Ley 21.770 de Marco de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, que entró en vigencia oficial el 3 de octubre de 2025, se presenta bajo el discurso de coordinar, ordenar y modernizar la gestión de permisos sectoriales en el país, estableciendo la Oficina de Autorizaciones Sectoriales de Inversión y la plataforma digital SUPER, destinada a unificar formularios, trazabilidad y notificaciones.

Según el resumen oficial de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), la ley ordena los permisos por tipologías, establece plazos y procedimientos mínimos comunes, incorpora la figura del silencio administrativo y habilita a los servicios públicos a contratar colaboradores técnicos bajo supervisión estatal.

No obstante, organizaciones ambientales advierten que la incorporación de técnicas habilitantes alternativas, entre ellas la declaración jurada y el aviso, abriría la puerta a que proyectos de alto impacto puedan iniciar actividades sin revisión sectorial previa, debilitando filtros de control temprano que históricamente han evitado daños ambientales irreversibles.

El debate por la flexibilización de los permisos ambientales

En este escenario de tensiones regulatorias y territoriales, las organizaciones ambientalistas han levantado críticas desde distintos puntos del país. Una de las voces más activas en la región es la de Alejandra Parra Muñoz, bióloga en Gestión de Recursos Naturales, cofundadora de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) y referente en temas de fiscalización comunitaria. 

La preocupación de Parra  se inserta en un diagnóstico compartido por entidades internacionales como la Corporación Financiera Internacional (IFC) y evaluado también en estudios de la ONU Medio Ambiente, que advierten que la reducción de controles previos en proyectos de alto impacto aumenta la probabilidad de efectos acumulativos, daños irreversibles y conflictos socioambientales, especialmente en zonas donde la presión extractiva ya ha superado la capacidad de carga de los ecosistemas. 

La principal alerta de las organizaciones socioambientales es que la nueva ley modifica el orden tradicional de la evaluación estatal previa. Según análisis del Observatorio Ciudadano y la Alianza para la Justicia Ambiental y Climática (AIDA), el reemplazo de permisos por declaraciones juradas implica “trasladar la verificación desde el antes hacia él después”, reduciendo la capacidad preventiva del Estado y dejando en manos de los titulares la responsabilidad inicial del cumplimiento normativo.

Este cambio, que coincide con lo señalado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), respecto a que los daños ambientales acumulativos son más difíciles de mitigar una vez iniciados, afecta de manera especial a territorios donde ya existen industrias de alto impacto, como el sur forestal, el norte minero y las cuencas con crisis hídrica. Para organizaciones como RADA, esta lógica erosiona el principio precautorio y aumenta el riesgo de instalar proyectos que podrían generar irreparabilidad ambiental.

Para Alejandra Parra “la principal controversia es que elimina prácticamente los procedimientos de entrega de permisos de los servicios públicos para la ejecución de proyectos de inversión que no ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental (…). Un titular podría simplemente firmar una declaración jurada ante notario diciendo que va a cumplir con todas las normas y comenzar a construir un vertedero para menos de 5.000 habitantes.”


Diversos reportes, como el análisis de AIDA sobre estándares de debida diligencia en proyectos de inversión y el informe de CIPER sobre la capacidad fiscalizadora de la SMA, advierten que el Estado ya opera con equipos insuficientes. La ley, al permitir el inicio de obras sin una revisión previa, trasladaría la carga de vigilancia a un sistema que actualmente no logra cubrir, ni siquiera los proyectos ya aprobados. Este déficit impacta directamente en el acceso a la justicia ambiental, pues la ciudadanía queda limitada a denunciar a posteriori.

Según Parra, “La ciudadanía puede fiscalizar entre comillas (…). Nosotros podemos ir, verificar que se está incumpliendo una norma y hacer una denuncia. Pero la Superintendencia de Medio Ambiente tiene dos fiscalizadores para toda la Araucanía. Hay proyectos que jamás han sido fiscalizados.”

Cabe destacar que tanto AIDA como el Observatorio Ciudadano han señalado que la simplificación administrativa puede ser razonable para pequeños emprendimientos o actividades de bajo impacto, pero no para industrias extractivas o energéticas.

 Parra coincide con esa lectura y afirma que el diseño de la ley habría utilizado la retórica pro-PYME para justificar mecanismos que, en la práctica, beneficiarían sobre todo a titulares de gran escala. Esto se asemeja a lo ocurrido en reformas ambientales de otros países latinoamericanos, donde los “procedimientos abreviados” terminaron siendo capturados por empresas con mayor capacidad técnica para navegar vacíos regulatorios.

“Hicieron pensar que este era un proyecto que iba a beneficiar a las pequeñas empresas, pero eso adentro trae todas las posibilidades para que se beneficien las grandes mineras, las energéticas, las forestales, las inmobiliarias e incluso las salmoneras. Es un argumento falso y sumamente engañoso.” indica  Alejandra Parra

Los informes de ONU Medio Ambiente y el IPCC subrayan que el debilitamiento de la evaluación temprana combinado con regulaciones que aumentan umbrales de ingreso al SEIA incrementa la probabilidad de generar zonas de sacrificio, afectando principalmente a comunidades rurales, indígenas y periurbanas.

Alejandra Parra advierte que, si no se corrige el enfoque, la ley podría consolidar inequidades ambientales preexistentes, profundizando los impactos en salud, calidad del aire, disponibilidad de agua y exposición a residuos peligrosos. Este diagnóstico se alinea con el Convenio de Escazú, que exige reforzar la participación ciudadana y la prevención, no reducirlas.

A juicio de Parra, la Ley de Permisos Sectoriales constituye un punto de inflexión en el modelo regulatorio chileno, donde la velocidad para autorizar proyectos parece primar por sobre la responsabilidad ambiental. Aunque se reconoce la necesidad de modernizar los trámites y reducir la tramitación para iniciativas pequeñas o de bajo impacto, el riesgo es que este marco legal se convierta en una herramienta para consolidar proyectos extractivos e industriales sin los controles adecuados.

“Esta ley lo que va a permitir finalmente es la creación de muchas zonas de sacrificio en todo el territorio. Las generaciones futuras van a vivir en un escenario ambiental muy negativo… eso viola el derecho a la justicia intergeneracional.”

Para evitar este escenario, Parra insiste en que la ciudadanía debe organizarse y fortalecer su capacidad de vigilancia: recopilar evidencia, sistematizar denuncias y presionar para que la Oficina de Autorizaciones Sectoriales funcione con transparencia, rendición de cuentas y sanciones reales para quienes incumplan. En sus palabras: “tenemos que estar atentos y fortalecer las redes de ciudadanía informada y organizada para que nos movilicemos frente a estas amenazas y no dejemos que nos vuelvan a aprobar este tipo de leyes”.

Este llamado se enmarca en un debate también global: cómo equilibrar la necesidad de inversión con la protección del medio ambiente. Modelos internacionales muestran que es posible simplificar trámites sin sacrificar la evaluación ambiental, mediante bancos de datos nacionales y sistemas interoperables para fortalecer la participación ciudadana y garantizar una gestión responsable.


Con la entrada en vigencia de la Ley 21.770, se observa un retroceso en la protección medioambiental que afecta directamente a comunidades y ecosistemas. Para Parra y otras voces críticas, la normativa expone cómo las decisiones legislativas pueden dejar de lado a quienes habitan los territorios, priorizando criterios que no necesariamente consideran el bienestar de las personas ni la sostenibilidad ambiental. La ley plantea un escenario en el que la ciudadanía se enfrenta a las consecuencias de medidas sobre las que no tuvo participación, poniendo en evidencia la necesidad de repensar los mecanismos de inclusión y de protección frente a intereses que trascienden los espacios locales.

REFERENCIAS.

Pressenza. “Organizaciones chilenas acusan que ley sectorial de permisología favorece el asalto extractivista minero, forestal y salmonero.” Pressenza, 2025.

Diario El Pulso. “Organizaciones acusan que Ley de Permisología favorece el asalto extractivista minero, forestal y salmonero.” El Pulso, 30 de marzo de 2025.

G5 Noticias. “Críticas desde organizaciones ambientalistas por insistencia del gobierno en Ley de Permisología.” G5 Noticias, 3 de junio de 2025.

Revista Jurídica Digital UANDES. “Análisis del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales: riesgos y uso de técnicas habilitantes alternativas.” RJD UANDES, artículo 171 (uandes.cl).

IFC / Banco Mundial. Lineamientos para inversiones responsables: uso de datos ambientales existentes y análisis de riesgo (documentos públicos sobre estándares de sostenibilidad).

IPCC. Informes sobre riesgos acumulativos y efectos irreversibles relacionados con la infraestructura y el cambio climático.

ONU Medio Ambiente. Estudios y recomendaciones sobre regulación ambiental, participación ciudadana y evaluación de impacto.








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