Abogado del Caso Bombas: “El peligro es que la fiscalía, azuzada por el poder, pueda instalarle la Ley Antiterrorista a cualquier disidente”

por Lorena Soto

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El abogado defensor, Rodrigo Román, cuestionó el actuar de la Fiscalía que se habría visto influenciada por el Ministerio del Interior para formalizar por Asociación Ilícita Terrorista sin tener las pruebas suficientes como una forma de aplacar la protesta social. Román aseguró además que con esto “se ha puesto en peligro uno de los pilares fundamentales de la democracia: la independencia y la autonomía con la que deben actuar sus órganos”.

Mientras la Corte de Apelaciones va quitando paulatinamente la prisión preventiva a los imputados por el denominado Caso Bombas, en la opinión pública se enfrentan aquellos que insisten en la veracidad de este proceso con los que, en definitiva, lo califican como un montaje fraguado  entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía Nacional.

Y es que a estas alturas incluso magistrados como Luis Avilés del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, han deslegitimado la formalización de los acusados indicando que la fiscalía intentó hacer “sociología barata” en este caso.

En conversación con la tercera edición del programa RadioAnálisis de nuestra emisora, el abogado defensor, Rodrigo Román, respaldó esta postura y aseguró que con el desorden en las evidencia el caso podría haber dado paso a un sobreseimiento definitivo: “El magistrado Avilés está cumpliendo con su mandato porque se está tratando de poner las cosas en su lugar. Aquí no hay evidencia que justifique la existencia de un delito y en consecuencia no puede haber participación en un delito que no existe”, precisó.

Román dijo que la estrategia de la Fiscalía da cuenta de una “falta de seriedad y profesionalismo” porque, a su juicio, sólo se busca criminalizar la protesta social por orden directa del Gobierno.

“En buena cuenta lo que ha demostrado este Caso Bombas es una forma más extrema y aguda de criminalizar a la disidencia. Ahora les tocó a los chicos anarquistas libertarios, pero el peligro que se instala con esto es que mañana el persecutor, azuzado por las esferas de poder, pueda instalarle la Ley Antiterrorista a cualquier disidente y eso resulta  peligroso”, sostuvo el jurista.

En ese sentido, Román condenó los vínculos del ex fiscal a cargo del caso, Alejandro Peña, con el ministerio de Interior y recordó que un grupo de parlamentarios también exigió al Fiscal Nacional indagar en una serie de reuniones que se habrían producido entre ambos personeros antes de que se materializara la formalización.

El abogado mencionó que los alcances de esta relación quedaron demostrados con el paso de Peña a la secretaría de Estado. “Acá se afectado no sólo la seriedad del otrora fiscal, sino que se ha puesto en peligro uno de los pilares fundamentales de una sociedad que se dice democrática, que es la independencia y la autonomía con la que deben actuar sus órganos. En este país ocurren cosas que aparentemente resultan ser increíbles. El escándalo de hoy es Peña, pero los ministro de Estado al otro día son directores de empresas y viceversa. Entonces la verdadera puerta giratoria está en las esferas de poder”, sentenció.

Román reiteró que la huelga de hambre de 65 días que mantuvieron los acusados logró poner en el tapete la ilegalidad de la Ley Antiterrorista, por lo que varias organizaciones entre ellas la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, la Iglesia, diversas entidades internacionales, el Instituto de Derechos Humanos e incluso  la Asociación Nacional de Fiscales han cuestionado los procedimientos efectuados en este caso, donde se han utilizado incluso pistolas de agua y pósters como prueba de una supuesta asociación ilícita terrorista.

“En el imaginario colectivo se ha instalado que esto es un montaje, incluso entre la gente que no sabe de derecho. Esto no ha sido por lo que ha señalado la defensa, sino que porque diferentes actores del mundo social han podido descifrar y desentrañar que, efectivamente, si esto no es un montaje, vaya que se le parece, como sostuvo el diputado Hugo Gutiérrez”, comentó

Este jueves la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago deberá decidir el futuro de Felipe Guerra y Francisco Solar, quienes todavía permanecen en prisión preventiva. Ante esto Román señaló que “entiendo que por coherencia se les debería cambiar la prisión preventiva por el arresto domiciliario” y agregó que con esto se produciría un “récord en la historia judicial en Chile donde en una semana se libera a ocho supuestos terroristas”.

El abogado aseguró que debido a todas estas irregularidades, confía en que en si es que se llega a un juicio oral la sentencia será absolutoria, tal como sucedió en el Juicio de Cañete, que marcaría el precedente más cercano en relación a lo jurisprudencia en casos de Ley Antiterrorista.