*Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA*

En declaraciones a los medios, la Corporación Chilena de la Madera (CORMA),
reveló los planes de incrementar las plantaciones de las grandes empresas
forestales en tres millones de hectáreas, en terrenos que actualmente
pertenecen a pequeños propietarios.

Las empresas, mayormente en manos de los grupos Matte y Angellini, tienen
alrededor de 2,5 millones de hectáreas de pinos y eucaliptus ya plantados,
arrasando con el bosque nativo y las tierras agrícolas que eran el sustento
de muchas comunidades campesinas e indígenas. Esto, bajo el amparo de los
subsidios antidemocráticos otorgados por el decreto Ley 701 sobre Fomento
Forestal, establecido en 1974.

Datos oficiales muestran que las comunas ocupadas por estas plantaciones
forestales y las fábricas de celulosa relacionadas, registran los más altos
grados de sequía y los mayores índices de desempleo, emigración y pobreza
del país. Un reciente monitoreo efectuado por la organización Ingenieros
Forestales por el Bosque Nativo, concluyó que en la región de Los Ríos “el
catastro de agua evidencia la gravedad de los problemas que está generando
la actividad forestal en la población rural. Las comunas de la Región de La
Araucanía más afectadas por la carencia de agua son justamente aquellas
donde el modelo de desarrollo forestal tiene una mayor influencia en
términos de superficie de plantaciones forestales.”

Este tipo de plantaciones extensas de monocultivo ha demostrado que lejos de
recuperar los suelos y de detener la desertificación, agota las fuentes de
agua, provoca pérdida de fertilidad y acaba con la agricultura. Además de
consumir los nutrientes del territorio, el proceso industrial de las
plantaciones y de producción de celulosa contamina seriamente el suelo, el
agua y el aire por el uso y generación intensiva de elementos tóxicos,
siendo los únicos beneficiados de estos procesos destructivos los grupos
económicos que lucran con el extractivismo.

La desertificación en el mundo, es un grave problema que afecta a las
comunidades haciéndolas más pobres al dejar el suelo infértil e
improductivo. Estamos próximos a cumplir 14 años desde que Chile ratificó la
Convención Contra la Desertificación y la Sequía de la ONU, y lejos de ver
un cambio en la política país sobre estos temas, nuestros gobiernos siguen
profundizando un modelo denunciado por el pueblo mapuche y las
organizaciones campesinas como depredador y enemigo de la vida.

En este marco, es que:

– · Exigimos que se rechace cualquier nuevo subsidio o incentivo
estatal para proyectos que destruyen el bosque nativo, sustituyen suelos
agrícolas, agotan las fuentes de agua y degradan los suelos.
– · Exigimos que se realicen estudios públicos sobre los impactos
de las plantaciones y las plantas de celulosa y se evalúen las consecuencias
de los subsidios y las políticas del Estado en estas materias.
– · Exigimos que se ponga fin al decreto 701 y se transfieran y
aumenten los recursos para programas de recuperación real de suelos
degradados, fomentando la pequeña agricultura y garantizando la soberanía
alimentaria.

Santiago 14 de junio de 2011